El Poder Ejecutivo nacional ha decidido poner en marcha su agenda de reforma institucional, priorizando el debate sobreel sistema de votación antes de que finalice el primer semestre de 2026. Con el objetivo de aprovechar un año sin calendario electoral, la Casa Rosada busca implementar cambios estructurales que no interfieran con los comicios nacionales. Esta ventana temporal es vista por el oficialismo como la oportunidad ideal para modernizar el sistema y, al mismo tiempo, blindar la transparencia del proceso democrático mediante la obtención de nuevos apoyos políticos.

El punto central de la discordia radica en el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El abanico de opciones que baraja el Gobierno es amplio: desde una modificación profunda de su funcionamiento hasta su eliminación definitiva. Sin embargo, en el entorno del presidente Javier Milei reconocen que cualquier decisión de este calibre requiere un pacto previo con sectores de la oposición. La intención oficial es reducir los costos operativos del sistema electoral y simplificar el acto del sufragio, una bandera que el oficialismo pretende agitar en las mesas de negociación.

La Boleta Única de Papel

En sintonía con este ajuste, el proyecto impulsará la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, reemplazando el tradicional sistema de boletas partidarias. Según los promotores de la medida, este cambio no solo garantiza una mayor transparencia al evitar el robo o la falta de boletas en el cuarto oscuro, sino que también equipara las condiciones entre las grandes estructuras partidarias y las fuerzas más pequeñas. Se trata de un reclamo histórico de diversos sectores civiles que ahora el Ejecutivo busca capitalizar como una victoria institucional propia.

El Gobierno de Javier Milei acelera el debate por las PASO y la Boleta Única de Papel

Para que esta reforma llegue a buen puerto, el Gobierno deberá desplegar una intensa estrategia de seducción con los gobernadores y los bloques provinciales.